Los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Patricio Griffin, presentaron la normativa que incluye a cooperativas y mutuales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
FUENTE: TELAM.COM.ARSbatella anticipó en ese marco que el total de evaluaciones de operaciones sospechosas fue de 12.000 en 2011 y "este año rondarán las 20.000 o duplicarán las del año pasado", aunque aclaró que "por lo general sólo 5% ameritan investigaciones más amplias".
Griffin, en tanto, precisó que las resoluciones respectivas de la UIF (números 11 y 12 de este año) abarcan a todas las cooperativas y mutuales que realicen operaciones de crédito, incluidas las del sector agropecuario, hasta ahora exentas de estos controles.
El titular de la UIF anticipó, durante una conferencia de prensa celebrada en el Ministerio de Desarrollo Social, que a partir de julio próximo se realizarán operativos de "fiscalización conjunta" de los cinco organismos involucrados en tareas de control: el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el INAES.
Sbatella precisó que sólo falta incorporar al esquema de control estatal a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, "por la información que maneja en materia de fusiones empresarias".
En cuanto al seguimiento en el sector de economía social, el funcionario aclaró que a partir de las resoluciones de la UIF se abre un período de 150 días "para ir adecuando el sistema".
"Venimos de una libertad muy grande y vamos hacia la sintonía fina del sistema de controles de operaciones comerciales y financieras, para favorecer la transparencia colectiva", resumió.
Griffin, por su parte, sostuvo que "durante la etapa neoliberal se degradó la estructura y financiación de los órganos de control" y puso como ejemplo el caso del INAES, donde no había computadoras con procesador Pentium sobre un parque de 70 equipos.
Destacó luego que hoy se cuenta con "capital humano y técnico suficiente para controlar a unas 24.400 cooperativas y mutuales, con 3,8 millones de familias asociadas y que responden por 10% del producto interno bruto (PIB)".
La resolución 11 de la UIF define como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas a las cooperativas que realicen operaciones de crédito; las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica mutual; y las entidades que gestionan préstamos.
Por su parte, la resolución 12 establece las medidas y procedimientos que deberán observar el INAES y los órganos locales competentes "para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de lavados de activos y financiación del terrorismo".
En ambos casos la política de prevención prevé auditorías periódicas, capacitación del personal y elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y de aquellas que se considere sospechosas.
En este último caso se deberán comunicar cambios de objeto social sin razón aparente; variaciones significativas de capital social o alzas sustanciales de depósitos en las cuentas bancarias, no justificadas con las actividades o giro comercial habitual.
Igualmente se reportará la constitución de cooperativas o mutuales con un capital social de monto muy significativo o poco significativo, no acorde a las necesidades operativas.
La estructura societaria integrada por una cadena de sociedades vehículos constituidas en paraísos fiscales y/o en jurisdicciones "off shore" constituye también motivo de reporte.
El INAES tendrá que reportar además las variaciones patrimoniales significativas, de un ejercicio económico al siguiente, sin debida justificación, y cuando el volumen de los préstamos otorgados por las entidades exceden en forma sustancial al capital social.
Los aportes de asociados o depósitos de cheques en las cuentas bancarias del sujeto obligado, cuyos firmantes son explotaciones agropecuarias o provienen de actividades disímiles a su actividad declarada, serán otro motivo de reporte a la UIF.
También las operaciones de salida de fondos de las cuentas corrientes bancarias y los movimientos importantes de depósitos en cuentas de terceras personas vinculadas, a fin de "transferir, adquirir o cancelar productos financieros con el objeto de dificultar la identificación y seguimiento del dinero".
Otro motivo de reporte es la liquidación de operaciones de venta de cereales, otros productos agropecuarios o bienes en general, por montos elevados, a asociados de la entidad, cuyo perfil no se corresponde con los montos liquidados, por ejemplo, por su categoría fiscal de monotributista.
Griffin, en tanto, precisó que las resoluciones respectivas de la UIF (números 11 y 12 de este año) abarcan a todas las cooperativas y mutuales que realicen operaciones de crédito, incluidas las del sector agropecuario, hasta ahora exentas de estos controles.
El titular de la UIF anticipó, durante una conferencia de prensa celebrada en el Ministerio de Desarrollo Social, que a partir de julio próximo se realizarán operativos de "fiscalización conjunta" de los cinco organismos involucrados en tareas de control: el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el INAES.
Sbatella precisó que sólo falta incorporar al esquema de control estatal a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, "por la información que maneja en materia de fusiones empresarias".
En cuanto al seguimiento en el sector de economía social, el funcionario aclaró que a partir de las resoluciones de la UIF se abre un período de 150 días "para ir adecuando el sistema".
"Venimos de una libertad muy grande y vamos hacia la sintonía fina del sistema de controles de operaciones comerciales y financieras, para favorecer la transparencia colectiva", resumió.
Griffin, por su parte, sostuvo que "durante la etapa neoliberal se degradó la estructura y financiación de los órganos de control" y puso como ejemplo el caso del INAES, donde no había computadoras con procesador Pentium sobre un parque de 70 equipos.
Destacó luego que hoy se cuenta con "capital humano y técnico suficiente para controlar a unas 24.400 cooperativas y mutuales, con 3,8 millones de familias asociadas y que responden por 10% del producto interno bruto (PIB)".
La resolución 11 de la UIF define como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas a las cooperativas que realicen operaciones de crédito; las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica mutual; y las entidades que gestionan préstamos.
Por su parte, la resolución 12 establece las medidas y procedimientos que deberán observar el INAES y los órganos locales competentes "para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de lavados de activos y financiación del terrorismo".
En ambos casos la política de prevención prevé auditorías periódicas, capacitación del personal y elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y de aquellas que se considere sospechosas.
En este último caso se deberán comunicar cambios de objeto social sin razón aparente; variaciones significativas de capital social o alzas sustanciales de depósitos en las cuentas bancarias, no justificadas con las actividades o giro comercial habitual.
Igualmente se reportará la constitución de cooperativas o mutuales con un capital social de monto muy significativo o poco significativo, no acorde a las necesidades operativas.
La estructura societaria integrada por una cadena de sociedades vehículos constituidas en paraísos fiscales y/o en jurisdicciones "off shore" constituye también motivo de reporte.
El INAES tendrá que reportar además las variaciones patrimoniales significativas, de un ejercicio económico al siguiente, sin debida justificación, y cuando el volumen de los préstamos otorgados por las entidades exceden en forma sustancial al capital social.
Los aportes de asociados o depósitos de cheques en las cuentas bancarias del sujeto obligado, cuyos firmantes son explotaciones agropecuarias o provienen de actividades disímiles a su actividad declarada, serán otro motivo de reporte a la UIF.
También las operaciones de salida de fondos de las cuentas corrientes bancarias y los movimientos importantes de depósitos en cuentas de terceras personas vinculadas, a fin de "transferir, adquirir o cancelar productos financieros con el objeto de dificultar la identificación y seguimiento del dinero".
Otro motivo de reporte es la liquidación de operaciones de venta de cereales, otros productos agropecuarios o bienes en general, por montos elevados, a asociados de la entidad, cuyo perfil no se corresponde con los montos liquidados, por ejemplo, por su categoría fiscal de monotributista.
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